Promoción del uso de Buenas Prácticas Agropecuarias
28/11/2017 | VALOR SOJA
Santa Fe se prepara para implementar un programa de conservación de suelos por medio incentivos fiscales Sigue los pasos de Córdoba.
El gobernador de la provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz –tal como lo hizo su par cordobés Juan Schiaretti– planea lanzar un programa para promover el uso de Buenas Prácticas Agropecuarias por medio de incentivos fiscales.
La metodología empleada es un decreto –próximo por salir– que establece una nueva reglamentación de la Ley provincial de Conservación y Manejo de Suelos (Nº 10.552), por medio de la cual se determina que “la utilización de todos los suelos de la provincia deberá efectuarse con la adopción de medidas, prácticas o técnicas disponibles de probada eficacia para recuperar, mantener o mejorar las propiedades del suelo, disminuir las limitaciones existentes, con rotaciones y diversificación adecuada, evitando la degradación preservando su fertilidad y sustentabilidad, sobre todo en los ambientes más frágiles donde el recurso debe ser resguardado y utilizado racionalmente mediante criterios técnicos”.
El decreto contempla la posibilidad de la exención o reducción del Impuesto Inmobiliario Rural por el término de un año con la posibilidad de extender dicha medida por “no más de diez años” en los casos de implementación de prácticas “que contribuyan a mantener permanentemente cubierto el suelo con residuos o cultivos, rotaciones o prácticas permanentes de tipo estructural o de ingeniería para el control de la erosión hídrica y problemas de drenaje”.
Para acceder a los estímulos los empresarios agropecuarios deberán presentar ante el Ministerio de Producción de Santa Fe un plan de conservación del suelo certificado por un profesional habilitado. “El plan deberá contar con el visado del Colegio de profesionales respectivo”, añade el decreto.
El informe del plan de conservación “debe contemplar el estado actual que presentan los suelos, respecto al manejo de los mismos, riesgos de degradación, nivel y ascensos de las napas con presencia de sales (halomorfismo), porcentaje de pendiente, degradación de pasturas naturales, etcétera”.
También se deberá “analizar la situación hídrica de la cuenca o subcuenca a los fines de no provocar escurrimientos inadecuados del excedente de aguas, lo que técnicamente contemplará distintos tipos de cobertura vegetal, aplicación de reguladores de caudal, terraplenes laminadores, etcétera, situación ésta que se evaluará conjuntamente con las áreas competentes del Ministerio de Infraestructura y Transporte y/o la Autoridad del Agua, según corresponda”.
El decreto señala que se podrá requerir “información sobre indicadores de calidad del suelo que permitan confrontarlos con los presentados al iniciar el plan y decidir según su evolución, la continuidad o no, de los estímulos otorgados”. Aunque aclara que esa exigencia podrá exceptuarse en aquellos campos que se estén certificados con protocolos de gestión de calidad de procesos.
Además se indica que “cuando las prácticas a realizar en la zona (curvas de nivel, terrazas, sistematizaciones, fertilización de reposición, el conjunto de Buenas Prácticas Agrícolas, etcétera) por un conjunto de productores requieran por sus costos el acompañamiento del Estado, éste queda facultado para gestionar créditos especiales, subsidios, fideicomisos y toda otra herramienta financiera y/o crediticia que facilite los objetivos previstos en la presente ley”.
Otra novedad es que el Ministerio de la Producción de Santa Fe, con asesoramiento de la Comisión Provincial de Conservación y Manejo de Suelos, “podrá declarar Áreas de Conservación y Manejo Obligatorio toda zona donde se considere que se lleva a cabo en forma individual o colectiva un uso y manejo inadecuado o el grado de degradación o fragilidad del área constituya una limitante para la sustentabilidad, los requerimientos nutricionales y las adecuados procesos socioambientales”.
El texto del decreto fue elaborado por equipos técnicos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales de Santa Fe sobre la base de una propuesta elaborada inicialmente por personal de la Subdirección provincial General de Suelos y Aguas, que fue puesta a consideración de referentes locales de INTA, FCA/UNL, FCA/UNR, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe, CREA, Aapresid, Carsfe y FAA.
