Protestas de transportistas: los costos de la anarquía

09/02/2018 | LA VOZ DEL INTERIOR

Quienes reclaman no tienen respaldo institucional ni nadie que explique por qué y hasta cuándo estarán en las rutas. El Estado, ausente.

“Los supermercados también compiten”, tituló el último editorial escrito por el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, en el que hace referencia a que el país debe urgentemente resolver el denominado “costo argentino” para cumplir con el anhelo presidencial de que las mesas de todo el mundo se llenen de productos locales y no de otros “supermercados” globales.

Para lograrlo, son numerosos los ítems anotados en la columna del “debe” de la libreta de la competitividad; uno de ellos, que un productor o industria local deje de pagar más que cualquier otro del mundo por llevar sus granos al puerto.

La falta de infraestructura de caminos y el bajo nivel de inserción del ferrocarril y la hidrovía son aspectos que influyen con altísima presión en el alto costo de la logística argentina; pero el agujero negro que aún no logra taparse es cómo aminorar el altísimo costo de los fletes.

En ese escenario se inscribe la remanida discusión sobre el alcance de la tarifa orientativa y la “obligación” de cumplirla; una obligación que es más moral que legal, ya que –vale recordar– se trata de un monto de referencia que se establece en el marco de un Consejo del que participan tanto dadores de cargas como transportistas, pero que no tiene aplicación obligatoria.

Esto pasa siempre para esta época en que hay menos cargas, porque todavía no hay cosecha. "El tema es que el chicle se estiró demasiado esta vez y explotó", graficó un acopiador consultado por Agrovoz sobre la proliferación de piquetes de transportistas autoconvocados en diversos puntos del país, que han afectado sensiblemente a las empresas exportadoras del Gran Rosario, a industrias procesadoras de granos y a los establecimientos productores de carnes que utilizan al maíz como alimento.

Sin gobierno

El panorama incluye un escenario anárquico de muchas preguntas y pocas respuestas: por ejemplo, no hay un eje común en los reclamos. Algunos quieren más contratación local, otros luchan por un cumplimiento a rajatabla de la tarifa orientativa y el resto pretende que deje de ser orientativa y pase a ser obligatoria y controlada por la Afip y Gendarmería, a través de las Cartas de Porte.

Cabe remarcarlo: quienes están protestando tampoco tienen representación formal de ningún tipo; ergo, no hay interlocutores para buscar respuestas básicas a cómo, por qué y hasta cuándo serán estas medidas. Ni tampoco para que contesten si es cierto que, en muchos casos, la tarifa que se paga es más baja porque son los propios transportistas los que se ofrecen por menor precio para ganar un viaje, dentro del libre juego de oferta y demanda.

Mientras tanto, el Estado no ha colaborado en frenar esta sensación de anarquía, al no intervenir en un conflicto que ya lleva una semana y permitir lo que la Bolsa de Cereales de Córdoba calificó ayer como “pérdidas irreparables”, mientras reclamaba la “inmediata restitución del Estado de derecho”. Unos 65 barcos varados en los puertos del Gran Rosario, Necochea y Bahía Blanca, a un costo diario cada uno de entre 15 mil y 20 mil dólares, son una sobrada muestra de cómo la falta de aplicación de las leyes es otro factor perjudicial más para el “costo argentino”.

Favio Ré


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